Trump promete intensificar el uso de la pena de muerte en casos federales, ampliando su aplicación a delitos graves no homicidas

Trump promete intensificar el uso de la pena de muerte en casos federales, ampliando su aplicación a delitos graves no homicidas

Por : Luciano Vásquez.

Durante su reciente campaña, Donald Trump, ahora presidente electo, reiteró su intención de reactivar y ampliar la pena de muerte en el ámbito federal. En sus promesas incluyó aplicar esta condena no solo para asesinos, sino también para violadores de niños, inmigrantes que causen la muerte de ciudadanos estadounidenses, y policías, así como para personas condenadas por tráfico de drogas y trata de personas.

“Son personas terribles, responsables de muertes, carnicerías y crímenes en todo el país”, expresó Trump al anunciar su candidatura refiriéndose a los traficantes. “Vamos a pedir que todos los que vendan drogas y sean capturados reciban la pena de muerte por sus atroces actos”, añadió.

Aunque no se ha detallado cómo Trump planea expandir la pena de muerte a otros delitos graves, grupos defensores de los derechos humanos y de la reforma penal han señalado su preocupación, recordando la serie de ejecuciones federales que tuvieron lugar durante su primer mandato. “Vamos a luchar con uñas y dientes contra esto, y a defender los principios constitucionales que no apoyan esta expansión”, declaró Yasmin Cader, subdirectora legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y directora del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad.

En la última etapa de su primer mandato, Trump supervisó 13 ejecuciones federales, una cifra sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. Estas incluían la primera ejecución federal de una mujer en casi 70 años, así como la del único nativo americano condenado a muerte en el corredor federal. Desde el siglo XIX, bajo el presidente Grover Cleveland, ningún mandatario había liderado tantas ejecuciones federales.

Actualmente, el presidente Joe Biden ha mostrado una postura contraria a la pena de muerte y, aunque prometió abolirla a nivel federal, su gobierno ha impuesto una moratoria sobre las ejecuciones para revisar los protocolos. Sin embargo, estados como Alabama han recurrido a métodos alternativos, como el uso de gas nitrógeno, ante la falta de los fármacos necesarios para inyecciones letales.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia de Biden no ha solicitado nuevas sentencias de pena de muerte en casos federales, y ha revocado algunas ya emitidas. Sin embargo, Lee Kovarsky, profesor de Derecho de la Universidad de Texas, señala que Biden aún tiene la posibilidad de conmutar sentencias a cadena perpetua antes de que Trump reasuma el cargo, lo que evitaría la reanudación de ejecuciones bajo el mandato republicano.

Queda por ver si Trump buscará aplicar la pena de muerte en delitos que no involucren homicidio, como la violación de un menor, un aspecto controvertido que podría enfrentar desafíos constitucionales. La Corte Suprema prohibió en 2008 la pena capital en casos de abuso sexual infantil que no conllevan la muerte, lo cual plantea interrogantes sobre la viabilidad legal de los planes del nuevo presidente electo.