Dictan 18 meses de prisión preventiva a 7 de los 8 imputados en la Operación Gaviota por esquema fraudulento de RD$3,000 millones

La jueza Fátima Veloz acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó 18 meses de prisión preventiva a siete de los ocho imputados en la Operación Gaviota, un esquema fraudulento que captó más de RD$3,000 millones a través de la plataforma denominada Investor Winner. La operación fue desmantelada recientemente.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguin Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel A. Crucey y Alexis Piña, logró que el caso fuera declarado complejo debido a la pluralidad de hechos y víctimas afectadas.

Los acusados Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez cumplirán la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres. Por su parte, Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez fueron enviadas a Najayo Mujeres. A la imputada Lucía Martínez Colón se le impuso una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

La magistrada pautó para el próximo 12 de septiembre la revisión obligatoria de la medida cautelar.

Hechos que se les imputan

Según el órgano acusador, la organización criminal prometía a las personas invertir en actividades de trading con rendimientos mensuales del 10% al 30%. Utilizaban redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer a las víctimas con promesas de ganancias extraordinarias.

Los imputados creaban empresas para captar valores sin poseer permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores. Reclutaban inversores y los convencían de la legitimidad de las inversiones, canalizando los fondos a través de empresas secundarias y terciarias.

El dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar intereses a los inversores anteriores, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados. Además, hacían creer que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, lo cual fue desmentido por estos órganos.

El expediente detalla que, para ocultar rastros y contaminar la investigación, cedieron acciones de las empresas y se mudaron de sus domicilios habituales, o salieron del país. Parte del dinero se utilizó en viajes, procesos estéticos, bienes inmuebles y autos, en lugar de inversiones reales.

El Ministerio Público presentó evidencia de que el dinero se usó para pagos de intereses y otros gastos personales de los imputados. Durante la audiencia, también se desglosó el conocimiento de la medida de coerción contra varias personas físicas.