Abinader exige investigación a fondo sobre licitación anulada por irregularidades

Presidente Abinader exige investigación profunda sobre licitación anulada por irregularidades

Por : La Redacción

El presidente Luis Abinader afirmó que la licitación pública OCI-CCC-LPN-2024-0003, realizada por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) y posteriormente anulada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debe ser investigada a fondo para esclarecer las irregularidades detectadas.

Durante LA Semanal con la Prensa, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la OCI es una entidad concentrada del Ministerio de Educación, con capacidad para gestionar su propio presupuesto y contratar bienes y servicios.

Pimentel detalló que el proceso de licitación había sido adjudicado, pero la DGCP recibió cinco recursos de proveedores participantes, quienes alegaron diversas irregularidades. Como resultado, la unidad de contrataciones de la OCI deberá lanzar un nuevo proceso, ya que todos los actos administrativos fueron anulados por múltiples causas.

“El derecho de recurrir al Tribunal Superior Administrativo está disponible tanto para los proveedores como para la unidad contratante si no están de acuerdo con la decisión”, enfatizó Pimentel.

Las irregularidades detectadas

A inicios de febrero, la DGCP detectó “graves irregularidades” en el proceso licitatorio tras recibir cinco impugnaciones. La licitación, que inició con un presupuesto de RD$ 945 millones, fue posteriormente modificada y aumentada a RD$ 966,748,624.00 millones.

El proceso involucró a las empresas A Fuego Lento S.R.L., Suplidores Comerciales & Suministros Tecnomas-LM, S.R.L., Arcaservis y Riften Investment, S.R.L. La DGCP determinó que se violó el artículo 20 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, así como los principios de eficiencia, economía y flexibilidad, debido a que el pliego de condiciones y su enmienda no contenían la información necesaria para la elaboración y evaluación de ofertas.

Además, la resolución RIC-0015-2025 identificó que:
• Se habilitó la propuesta técnica de adjudicatarios a pesar de que varios bienes no cumplían con las especificaciones técnicas.
• Se violó el debido proceso administrativo al no agotarse la fase de instrucción de los recursos de impugnación, según el artículo 67 de la Ley 340-06.
• Se evaluaron de manera incorrecta las credenciales de los adjudicatarios en su documentación legal.
• No hubo publicidad adecuada de los actos del procedimiento, ya que no se publicaron los documentos correspondientes a la etapa de subsanación de ofertas ni el informe aprobado mediante el acto CCC-0042-2024.

La Dirección General de Contrataciones Públicas reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta aplicación de la ley en los procesos de compras y contrataciones del Estado.